julio 9, 2020

Propaganda y derroche en tiempos de pandemia

Por Doris Muñoz – Publicado originalmente en https://vocesecu.com/

A pesar de que el secretario General de Comunicación de la Presidencia negó ante la Asamblea que el Gobierno haya gastado dinero en campañas de comunicación sobre el Covid-19, Carondelet pagó USD 356.900 a la empresa Artic Publicidad S.A. para la producción de elementos comunicacionales, difusión de las medidas y acciones del Gobierno durante el contexto de la pandemia. Los informes de ejecución del contrato revelan que un portal web costó USD 19.000 y que la empresa facturó USD 14.000 por la realización de un spot publicitario sobre un cementerio, el mismo que dieron de baja en redes sociales debido al repudio ciudadano.

El Decreto Ejecutivo No. 1017, del 16 de marzo de 2020, marcó el inicio del estado de excepción en Ecuador. Un día después, Presidencia emitió la Resolución de Declaratoria de Emergencia No. SGCPR-2020-0001, que permitió dicha contratación. Fue así como el Gobierno suscribió el contrato por situación de emergencia No. PR-SGC-2020-0007 para contar con productos comunicacionales informativos, orientados a prevenir un posible contagio masivo de la ciudadanía, “salvar vidas” y minimizar las consecuencias de la emergencia sanitaria. El contrato estipuló un plazo de ejecución de 38 días, que podía ser ampliado hasta completar la totalidad del presupuesto.

El 9 de abril se adjudicó el contrato mediante la  Resolución No. PR-SGC-CP-E-2020-001. Este incluyó la producción de 6 videos, 5 cuñas, 100 adaptaciones a redes e infografías. Debido a las medidas de confinamiento, la inversión que inicialmente estaba destinada a la presencia de materiales en la vía pública se volcó a la difusión en radios (73,04%)  y medios digitales (12,54%), aunque el informe no especifica en qué medios pautó.  La propagación del mensaje gubernamental incluyó publicidad en redes sociales y medios online. Por último, consta la creación de un portal web y de su contenido, así como su gestión.

Portal de lujo

El análisis del primer informe parcial de ejecución, demuestra que el portal web coronavirusecuador.com le costó a los ecuatorianos USD 19.000. Ese dinero equivale a 200 kits de alimentos para familias vulnerables, por un valor de USD 95,16 cada uno, según la cotización de la Contraloría General del Estado.

En el sitio hay información oficial sobre el Covid-19 y la emergencia sanitaria: “datos actualizados, búsqueda de fallecidos con geolocalización y toda la información técnica y médica”, indica el contratista.

El portal incluyó la administración de la sección “Juntos Salimos de Esta”, una serie de videos de apoyo psicológico y la actualización del supuesto canal de Youtube “Coronavirus Ecuador” que, curiosamente, no existe como tal en la plataforma de audiovisual. Lo llamativo es que cuenta con una página dedicada a las “fake news” donde se replican imágenes y textos que circulan en redes sociales, al que se superpone el sello de “falso”.

Una obra lapidaria

Del análisis del segundo informe parcial de ejecución, se evidencia que la producción y difusión del spot gubernamental “Campo Eterno” costó USD 14.000. El producto audiovisual, de 1 minuto 19 segundos de duración, publicitaba un cementerio que el Gobierno instaló en Pascuales, al Norte de Guayaquil.

Mientras los muertos por coronavirus se contaban por miles, el Gobierno mostraba ese campo santo como “un tranquilo y maravilloso lugar” para que los fallecidos tuvieran “un descanso digno”. El rechazo de la ciudadanía en redes sociales fue inmediato, por lo que la Secretaría General de Comunicación tuvo que bajar el video de todas sus redes sociales, el mismo día del estreno, 27 de abril, a pesar de que la pauta en redes sociales había sido pagada.

Los fondos públicos que el Ejecutivo desperdició en este spot publicitario, alcanzaban para comprar 3.589 mascarillas N95 a USD 3,90 cada una. Esta contratación podría sumarse a la pila de documentos que reposan en la Contraloría General del Estado. Los ecuatorianos todavía recuerdan la compra con sobreprecios de mascarillas, fundas para cadáveres y medicamentos en los hospitales públicos, de la Policía y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que salpican a Paúl Granda; los kits de alimentos de la Secretaría de Gestión de Riesgos, donde está sospechada Alexandra Ocles; las obras inconclusas de los hospitales de Pedernales y Bahía de Caráquez, donde todos los dedos apuntan al asambleísta de Alianza País Daniel Mendoza. La Contraloría informó que hasta el 26 de mayo existe la llamativa cantidad de 179 exámenes especiales sobre contrataciones ejecutadas en la Función Ejecutiva, los gobiernos autónomos y en el sistema de salud (público, del IESS y de la Policía).

Este contrato de comunicación se ejecutó mientras los profesionales de la salud, que estaban en la primera línea de atención, denunciaban la falta de insumos médicos en los hospitales públicos del país. Los casos del Hospital Docente de Calderon, Hospital General de Babahoyo y el Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil son refrencia en materia de sobreprecios.

Intentamos acceder a una entrevista con el secretario General de Comunicación de la Presidencia, Gustavo Isch, pero el pedido sigue en espera. El argumento de la institución, a través de su portavoz, Estefanía Andrade, es que la agenda se encuentra apretada y reposa en el despacho.

La Secretaría General de Comunicación

Durante la presidencia de Lenín Moreno se realizaron varios cambios de mando en la ex SECOM y la actual Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (Segcom). Sin embargo, la lógica de trabajo es la misma, centrarse en posicionar un discurso de lucha contra la desinformación y atacar a sus rivales políticos utilizando la cadena nacional para ese fin, algo que Moreno dijo que no iba a hacer.

En una entrevista otorgada a Teleamazonas, el titular de la Segcom le dijo a Janet Hinostroza: “El Estado de propaganda fue absolutamente condenado y no queremos volver a caer, de ninguna manera, nuevamente en ese estilo. La comunicación no puede servir para un ejercicio de vanidad de nadie”. El funcionario hablaba de campañas en redes sociales “en las que se pretende imponer el miedo, el caos, la desestabilización”, que atentarían contra la unidad del país. En su intervención, se puede observar claramente cómo Isch lee un papel para no olvidarse ninguna idea, ni correrse diez centímetro del discurso oficial. Queda claro que se gastaron recursos públicos en una campaña de comunicación en la que, por ejemplo, un video de USD 14.000 solo sirvió para tirarlo a la basura.

Todo tiene que ver con todo

Gustavo Isch fue columnista de la revista Plan V, allí figura como consultor político, experto en campañas electorales. Publicó 12 artículos de opinión, el último el 6 de octubre de 2019, durante el paro nacional. En sus textos, se explaya contra las protestas, el populismo y también dedicó varios párrafos para atacar a Rafael Correa. “Cada acto positivo de Lenín Moreno será una provocación al carismático Capo de la pandilla de abusivos que traicionó la letra y el espíritu de Montecristi y persiguió toda voz disidente”, afirmaba en el artículo titulado: “No se ha ido y no se irá”, el 22 de mayo de 2017, dos días antes de que Correa dejara la Presidencia.

Las dudas de la Asamblea

Ayer, 27 de mayo, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional escuchó la comparecencia del secretario Gustavo Isch. El funcionario indicó que los fondos usados para las campañas sobre el Covid-19 no significaron un gasto para el Estado. Como consta en el boletín de prensa de la Asamblea Nacional, dijo que la Corporación Andina de Fomento (CAF) donó USD 370.000 para la divulgación de datos por los canales oficiales, algo distinto a lo que se expone en el contrato por situación de emergencia No. PR-SGC-2020-0007, al que hicimos mención.

El contratista

La empresa Artic Publicidad S.A. registra el RUC No. 0991265678001 y su representante es la gerente general Erika Iliana Vera Moreta. La agencia publicitaria registró en el período fiscal 2019 el pago de USD 96.040,22 de impuesto a la renta y USD 50.901,14 de impuesto a la salida de divisas, sobre este último impuesto en lo que va del año 2020 ya abonó USD 17.164,62.

En la cuarta entrega del especial La Dictadura Perfecta conocerás cómo el sector público financia a sus voceros mientras recorta la inversión en educación y liquida empresas del Estado.