junio 3, 2020

Estado de excepción, control de constitucionalidad y Derecho a la Salud

El Estado de Excepción es una figura que aparece en la historia del constitucionalismo como una medida extraordinaria que podía ser tomada por los gobernantes ante situaciones extremas como conflictos armados y desastres naturales. El estado de excepción permite que los gobernantes tengan mayor liberalidad en el ejercicio de sus funciones para que puedan afrontar estas situaciones incluso pudiendo restringir el ejercicio de ciertos derechos fundamentales. Justamente, esta posibilidad llevó a que se busquen establecer límites a la actuación de los gobernantes en los períodos de crisis para que, los estados de excepción no se conviertan en los justificativos de actuaciones arbitrarias en el ejercicio del poder y de vulneraciones de los derechos fundamentales.

En tal virtud, el constitucionalismo busca someter a los estados de excepción a ciertos límites, límites desde el control político a través de la actuación del parlamento y límites desde el control jurisdiccional a través del control de constitucionalidad que determina la idoneidad, urgencia y necesidad, y su conformidad material con los derechos de las personas, pueblos y colectivos. En resumidas cuentas, el Ejecutivo nacional no podrá hacer lo que se le da la gana en el marco de un estado de excepción, puesto que su actuación se limitará a cumplir los propios parámetros y lineamientos que se establezcan en un dictamen de control de constitucionalidad.

Ahora bien, qué hacer cuando lo dispuesto por la Corte Constitucional en un dictamen no se cumple. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control de Constitucionalidad, en los artículos 162 al 165, establece una garantía jurisdiccional (medida judicial para la protección y reparación de los derechos) que se llama acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales, la misma busca garantizar el cumplimiento obligatorio de las decisiones constitucionales a través de un proceso judicial ante la propia Corte Constitucional, en donde esta verifica el cumplimiento y dispone que los obligados cumplan lo dispuesto incluso pudiendo cambiar o modificar las medidas adoptadas conforme lo determinado en el artículo 21 de la norma ibídem, 2 cuando lo dispuesto resulte inejecutable o inaplicable por presentar imposibilidades de cumplimiento de carácter legal o fáctico.

En el caso que hoy nos ocupa, la Corte Constitucional del Ecuador, emite dictamen de constitucionalidad favorable No. 01-EE-20/20 sobre el decreto ejecutivo No. 1017 que contiene el estado de excepción para enfrentar la pandemia del CORONAVIRUS. En este decreto, el artículo 12 establece la necesidad de que el Ministerio de Economía y Finanzas disponga y priorice la asignación de recursos extraordinarios para garantizar la movilización de personal sanitario y fuerzas armadas precautelando el derecho a la salud de la población. La Corte Constitucional en su dictamen 01-20-EE/20 en el numeral 1 literal g) recordó al Ejecutivo, que el Estado de Excepción dictado solamente guardaría conformidad con la Constitución si se atendía la pandemia protegiendo a los agentes de la fuerza pública y de salud que afrontarían esta calamidad. Para ello el Ejecutivo debía transferir los recursos económicos suficientes sin los cuáles no se podría atender la emergencia obviamente.

Ahora bien, ¿por qué un grupo de “locos, activistas políticos, seudoabogados, aparecidos, desocupados” -y más calificativos que nos han dado el sector más recalcitrante y conservador de abogados y seudo juristas del país que pregonan el constitucionalismo decimónico formalista de la caridad- presentó una acción de incumplimiento signada en la Corte Constitucional con el No. 29-20-IS? Por qué sencillamente lo que dispuso la Corte Constitucional en su dictamen no se está cumpliendo.

El Ejecutivo no ha realizado una asignación presupuestaria extraordinaria suficiente para enfrentar la pandemia vulnerando el derecho a la salud conforme lo señalara la ex Ministra de Salud en su carta de renuncia. Vemos asombrados y estupefactos como los médicos reclaman por implementos para cumplir con su trabajo, como ni siquiera se pueden recoger los cadáveres que se acumulan en las calles y en las casas en Guayaquil (el periodista de la CNN Fernando del Rincón señalaba por ejemplo que eso solo lo vio en el terremoto de Haití), como el personal sanitario no cuenta con implementos y mecanismos de bioseguridad suficientes, como no existe las suficientes pruebas de diagnóstico para toda la población, como no existe medicinas ni medicamentos, como los 3 médicos reclaman son amenazados con procedimientos administrativos disciplinarios, como las cifras de muertos e infectados se maquillan y se ocultan, y como el sistema de salud en Guayas está colapsado. En fin, el Gobierno Nacional ha tratado de ocultar la realidad, pero a nivel internacional ya somos noticia.

Evocando al propio periodista Fernando del Rincón que se hacía eco de las noticias de medios de comunicación internacionales y de la opinión de líderes mundiales que manifestaban su preocupación por lo que sucede en Guayaquil, podemos señalar que el paso inexorable del tiempo nos ha dado la razón, pero lamentablemente el máximo órgano de control de interpretación constitucional no nos la ha dado.

La Corte Constitucional en su sentencia 29-20-IS/20 de 2 de abril de 2020, bajo un argumento falaz y miope saca de contexto nuestras apreciaciones y señala que buscamos desnaturalizar la acción de incumplimiento por cuanto “(…) pretenden (…) exigir medidas que no fueron incluidas en el decreto de estado de excepción y por lo tanto no fueron objeto del dictamen 1-20-EE/20, que se alega incumplido (…)”, confundiendo claramente nuestra pretensión procesal con nuestra solicitud de medidas cautelares que presentamos para evitar el cumplimiento de obligaciones crediticias y priorizar la asignación presupuestaria para solventar la crisis que todos y todas vivimos.

Nuestra petición en la demanda era clara “(…) solicitamos se disponga que el Presidente de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas informen a la Corte Constitucional la cantidad de recursos transferidos al sector salud para atender el Estado de Excepción 1017 dictado por el Ejecutivo. (…)”. La Corte falló sin ni siquiera esperar que el Ejecutivo se digne el contestar sobre el requerimiento de información que la propia Corte le hiciera. La oportuna intervención de la Corte en el control de sus pronunciamientos, era el mecanismo más eficaz para evitar que la crisis escale y afecte aún más el derecho a la salud.

La Corte Constitucional es incapaz de hacer valer sus propias decisiones, y hacerle frente al poder de turno, por lo consiguiente, es incapaz de precautelar los derechos de las personas, pueblos y colectivos del Ecuador. Nuestra Constitución meramente nominal, 4 es simplemente eso, unas hojas sin vida, interpretadas a conveniencia de quienes ostentan el poder de turno por sobre el sufrimiento de los más débiles. Como decía Camus evocando a la ciudad de Orán en su obra “la peste no solo mata los cuerpos, si no también desnuda las almas de los seres humanos, y ese espectáculo es el más doloroso”.

En estas duras circunstancias, la Corte Constitucional hoy nos negó y puso más límites al ejercicio del derecho a la salud, en los Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos ya veremos.

Sin recursos no hay derechos. Quito DM, 2 de abril de 2020.

Santiago Esteban Machuca Lozano, MSc. Abogado. Magister en Derecho con Mención en Derecho Constitucional. Especialista Superior en Derecho Administrativo. Docente titular y coordinador del Área de Derecho Constitucional de la UCE. Docente de posgrado en UNIANDES, Universidad Técnica de Ambato, IAEN y Universidad de Otavalo.